Lorenzo Sancho Fernández. Consultor político.

Retomo estas líneas tras varios meses de ausencia debido a la intensa actividad del 2024. Agradezco a Strattia, una vez más, la oportunidad, la paciencia y, por supuesto, la confianza depositada en mí.

Entrando en materia, el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero será tanto interesante como extenuante. Así lo señaló recientemente Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, quien estimó que se desahogarán 73 leyes reglamentarias, ya sea de nueva creación o mediante modificaciones a las existentes.

Previamente, en la conferencia matutina del 26 de diciembre de 2024, la presidenta expuso las prioridades de la agenda legislativa para el periodo de febrero a abril de 2025. Presentará una veintena de reformas legales y constitucionales que se espera sean aprobadas o, al menos, dictaminadas antes del 30 de abril. Entre ellas destacan la revisión a la Ley del Infonavit, reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, cambios en las regulaciones secundarias de PEMEX y CFE, así como la prohibición del maíz transgénico en el país, entre otras.

Días antes de estas declaraciones, el 13 de diciembre, trascendieron en medios diferencias entre los coordinadores de la bancada morenista en el Congreso. Todo comenzó cuando Adán Augusto López mencionó en el Senado que denunciaría ante la Auditoría Superior de la Federación irregularidades en contratos por 150 millones de pesos durante la gestión de Ricardo Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Esto surgió a raíz de un recorte presupuestal que López, ahora coordinador, tuvo que implementar.

Monreal respondió calificando las acusaciones de "infundios y falsedades" y retó a cualquier compañero de partido a presentar denuncias formales si consideraban que hubo irregularidades en su administración.

Tras varios días de intercambio de declaraciones públicas, el 16 de diciembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con los coordinadores parlamentarios en el Senado. Este encuentro redujo la tensión interna y envió el mensaje de que el conflicto estaba resuelto. Poco después, a inicios de enero, ambos legisladores publicaron en redes sociales mensajes de unidad, amistad y respeto, acompañados de una foto sonrientes, dando por cerrada la polémica.

Este choque no pasó desapercibido, pues ocurrió en un momento clave: el cierre del periodo de sesiones y la transición entre la agenda del presidente saliente y la de la presidenta entrante. Por ello, algunos especularon sobre un posible cambio de coordinadores en MORENA al inicio de la nueva etapa legislativa; sin embargo, parece que el asunto ha quedado superado.

Volviendo al comienzo del nuevo periodo de sesiones, este no solo será intenso, sino también el primero en el que Claudia Sheinbaum podrá definir con claridad sus prioridades legislativas. Desde su toma de posesión hasta el cierre del periodo el 13 de diciembre de 2024, la actividad parlamentaria se centró en aprobar las principales reformas pendientes de López Obrador, como la del Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y el impulso al uso de vías férreas para el transporte de pasajeros. En total, se aprobaron 15 reformas constitucionales en apenas 90 días, de las cuales 13 provenían del sexenio anterior y solo dos fueron propuestas por Sheinbaum.

A partir del 1 de febrero, tendremos la oportunidad de observar con mayor claridad las prioridades legislativas de la nueva presidenta, quien ya ha adelantado algunas de ellas. Su agenda tendrá un marcado carácter social, con énfasis en el ámbito laboral, la igualdad de género, la protección ambiental y el combate a la corrupción y el nepotismo, bajo su ya característica consigna: "Primero los pobres".