El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento rector donde se establecen los objetivos, estrategias y prioridades del Gobierno de México para un periodo sexenal. El actual PND 2025-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca consolidar la transformación del país mediante un modelo de desarrollo centrado en el bienestar, la sustentabilidad y la justicia social.

Este plan se articula en cuatro ejes fundamentales: gobernanza con justicia y participación ciudadana; desarrollo con bienestar y humanismo; economía moral y trabajo; y desarrollo sustentable.

Enfoque en materia de seguridad

El PND 2025-2030 reconoce la seguridad como un derecho humano esencial para el desarrollo. En este ámbito, propone reformas clave:

• Atención a las causas estructurales de la violencia. Se privilegia un enfoque preventivo, basado en programas sociales y de desarrollo comunitario para abordar las raíces sociales y económicas de la violencia.
• Fortalecimiento de la Guardia Nacional. Se busca consolidar sus capacidades de investigación e inteligencia, con un enfoque mixto que equilibre el fortalecimiento del ámbito civil y la participación militar.
• Coordinación interinstitucional. Se promueve la colaboración entre niveles de gobierno y cuerpos de seguridad para mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado.

No obstante, diversos expertos critican que el plan carece de métricas claras y omite temas cruciales como los narco-laboratorios, el tráfico de armas o las desapariciones forzadas, lo cual limita su efectividad.

Comparación con el PND 2019-2024

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el PND 2019-2024 introdujo la estrategia de “abrazos, no balazos”, enfocada en las causas sociales de la violencia y en la creación de la Guardia Nacional como principal fuerza de seguridad pública. Esta estrategia fue ampliamente criticada por su falta de resultados tangibles y por fomentar la militarización de la seguridad.

El PND 2025-2030 mantiene el enfoque en las causas estructurales, pero propone fortalecer las capacidades operativas e inteligencia de las fuerzas de seguridad y mejorar la coordinación institucional. Sin embargo, persisten las críticas por la falta de autocrítica y por la repetición de errores del pasado.

Desafíos en la implementación

El plan enfrenta múltiples desafíos en su ejecución:

• Persistencia de la violencia y el crimen organizado, especialmente en regiones donde las estrategias actuales no han logrado contener la inseguridad.
• Debilitamiento de las policías locales, por la escasa inversión en capacitación y equipamiento.
• Ausencia de indicadores específicos, lo que dificulta la evaluación y seguimiento de las políticas implementadas.
• Resistencia política y social, en particular ante la creciente militarización de la seguridad pública.

Implementar las reformas en materia de seguridad requiere inversiones considerables en infraestructura, tecnología y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Esto genera tensiones fiscales, ya que el Paquete Económico 2025 enfatiza la austeridad, el control del gasto y la reducción del déficit.

Esta contradicción plantea un dilema estructural: se necesita mayor inversión para cumplir los objetivos del PND, pero el presupuesto disponible es limitado. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha advertido que, sin una reforma fiscal profunda, las prioridades sociales y de seguridad podrían quedar sin financiamiento.

Desde el plano político, el reto principal del nuevo PND es demostrar que no se trata solo de una continuidad del modelo anterior con una nueva presentación.

La presidenta Sheinbaum hereda una estructura centrada en la Guardia Nacional y una tendencia creciente a la militarización de funciones civiles. Aunque el plan promueve la coordinación con gobiernos estatales y municipales, el debilitamiento sistemático de las instituciones locales amenaza la viabilidad de cualquier estrategia nacional. La centralización del mando en fuerzas federales, aunque puede reforzar la presencia estatal, también puede derivar en conflictos intergubernamentales y pérdida de legitimidad.

Además, el fortalecimiento de la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) plantea preocupaciones sobre el equilibrio entre poder civil y militar. La falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas podría erosionar la confianza ciudadana y propiciar violaciones de derechos humanos.

Desde el Congreso, será crucial mantener mayorías legislativas para aprobar las reformas propuestas, sin perder de vista la necesidad de diálogo con la oposición y con la sociedad civil. El futuro de la estrategia de seguridad dependerá tanto de los recursos asignados como del consenso político y la eficacia en su implementación.