Los primeros ocho meses de Sheinbaum en materia de seguridad


El pasado 10 de junio, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, presentó los avances obtenidos en la Estrategia Nacional de Seguridad durante los primeros ocho meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. En su discurso resaltó las cifras más relevantes sobre detenciones vinculadas a diversos delitos, así como el aseguramiento de drogas y armas de fuego.

García Harfuch subrayó que, del 1 de octubre de 2024 al 8 de junio de 2025, el gabinete de seguridad intensificó la colaboración con las entidades federativas. Como resultado, se logró la detención de 23,417 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 172.6 toneladas de drogas, la incautación de 12,045 armas de fuego y la inhabilitación de 994 laboratorios clandestinos y centros de elaboración de metanfetaminas.

También destacó los resultados de la Operación Frontera Norte, desarrollada entre el 5 de febrero y el 10 de junio de 2025, que arrojó más de 4,000 detenciones y la incautación de 38 toneladas de droga.

Estas cifras se suman a las ya difundidas en abril, cuando se reportó una reducción del 32.9 % en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Tanto los datos de abril como los de junio reflejan avances relevantes derivados de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Sheinbaum.

No obstante, diversos analistas han cuestionado la presentación oficial al contrastarla con estadísticas reales y percepciones sociales.

Uno de los puntos más debatidos es la percepción de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), esta percepción aumentó a 61.7 % en el cuarto trimestre de 2024 —los primeros tres meses del nuevo gobierno— y se elevó a 61.9 % en el primer trimestre de 2025. Más de la mitad de la población considera que la violencia se mantendrá igual o incluso empeorará.

Otro aspecto crítico es la concentración geográfica de la violencia. El 51.5 % de los homicidios se concentra en siete estados: Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Baja California. Esta distribución evidencia una desigualdad territorial en la aplicación de medidas de seguridad, influida por factores como la presencia del crimen organizado, la ubicación geoestratégica y el nivel de control institucional.

Además, algunos expertos han señalado inconsistencias metodológicas que afectan la interpretación de los datos. Si bien la cifra oficial de homicidios dolosos muestra una disminución, las desapariciones han aumentado significativamente.

En 2024, el promedio diario de desaparecidos ascendió a 37, lo que sugiere un cambio en la manifestación de la violencia, más que una reducción real. También se advierte que conflictos activos, como los ocurridos en Sinaloa o el control territorial ejercido por el crimen organizado, quedan fuera del análisis oficial, afectando la confiabilidad de las estadísticas.

Aunque las cifras oficiales muestran una disminución en ciertos delitos durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, esto no implica una reducción global de la violencia y la criminalidad.

Delitos como la extorsión, las desapariciones forzadas y los ataques a comunidades han ido en aumento. A pesar de los esfuerzos y estrategias en curso, la percepción ciudadana indica que las medidas implementadas aún no han logrado un impacto significativo en la sensación de seguridad.

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