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En años recientes, las inestabilidades políticas y geopolíticas se han convertido en una de las principales preocupaciones para las empresas, incluso por sobre riesgos tecnológicos, ambientales, sociales y de seguridad.

Cerca de un tercio de los líderes empresariales consideran el riesgo político como la mayor amenaza para sus negocios (ver) y, 74% de las compañías a nivel mundial lo sitúan entre sus cinco principales preocupaciones[--1] en gestión de riesgos (ver).

Conflictos armados, cambios regulatorios repentinos, tensiones comerciales y otras dinámicas políticas están teniendo un impacto más rápido y profundo en las operaciones corporativas que muchos riesgos tradicionales.

Pero ¿qué se entiende por riesgo político? El riesgo político se define como la probabilidad de que sucesos de origen político puedan afectar las operaciones, inversiones o activos de una empresa en un lugar determinado. Ejemplo de esto son:

• Inestabilidad política y conflictos violentos. Incluye guerras, conflictos armados internos, golpes de Estado, terrorismo, disturbios y protestas masivas.

Estos eventos de violencia política pueden causar daños físicos a instalaciones, interrupciones forzadas de operaciones e incluso llegar al abandono de proyectos.

La invasión rusa a Ucrania en 2022-2023 obligó a muchas multinacionales a cesar operaciones en la región, generando pérdidas materiales significativas.

• Cambios regulatorios y legislativos súbitos. Se tratan de las modificaciones abruptas en las leyes, reglamentos o políticas públicas que afectan la actividad empresarial.

Va desde reformas legales, que alteran las reglas del juego en un sector, hasta decisiones unilaterales que puedan invalidar permisos o concesiones.

En 2024, una encuesta de Aon reveló que los cambios regulatorios se posicionan uno de los tres principales riesgos para negocios en Latino américa (ver). Las reformas laborales y fiscales abruptas de países como México y Brasil han retrasado inversiones multimillonarias por la falta de claridad en su implementación.

• Expropiación y nacionalización de activos. Es el riesgo de que un gobierno tome el control de propiedades, inversiones u operaciones de empresas privadas, ya sea mediante nacionalizaciones formales o a través de medidas indirectas que priven del valor de la inversión.

La nacionalización de activos energéticos en Bolivia (2006–2012) y Venezuela (en el sector petrolero desde 2007) provocó que empresas como ExxonMobil y Repsol perdieran instalaciones sin compensación adecuada, obligando a recurrir a arbitrajes internacionales.

• Restricciones financieras y control de capitales. En entornos políticamente inestables, algunos gobiernos imponen controles cambiarios o limitaciones a la transferencia de fondos al exterior, llegando a impedir que las empresas conviertan moneda local a divisas fuertes o repatríen utilidades, afectando su liquidez y valor financiero.

Esto suele ocurrir en crisis económicas con trasfondo político, donde el Estado buscan evitar fugas de capital o proteger sus reservas, pero a costa de los inversionistas foráneos.

En Argentina (2019–2023), el gobierno impuso controles cambiarios estrictos que limitaron la conversión de pesos a dólares y la transferencia de utilidades al exterior, afectando a compañías como LATAM Airlines y empresas retailers internacionales.

· Incumplimiento de contratos y arbitrajes. Cuando un Estado desconoce o rompe contratos establecidos con empresas, o que simplemente no acate sentencias o laudos arbitrales internacionales tras disputas comerciales.

Este riesgo de inseguridad jurídica suele ir de la mano con sistemas judiciales débiles o presiones políticas sobre el Estado de derecho.

En 2013, el gobierno de Ecuador desconoció un contrato con Occidental Petroleum, lo que llevó a un arbitraje internacional en el CIADI. Aunque la petrolera ganó el caso, el Estado ecuatoriano retrasó el pago de la compensación acordada. (ver)

• Corrupción y debilidad institucional. Altos niveles de corrupción, falta de contrapesos institucionales o arbitrariedad en la toma de decisiones políticas crean un entorno impredecible para los negocios. Para las empresas, navegar en países con instituciones frágiles implica riesgos elevados de sobornos, extorsión, cambios discrecionales de reglas o falta de aplicación imparcial de las leyes.

En Brasil, la operación Lava Jato (2014–2021) reveló una red de corrupción que involucró a altos funcionarios y empresas como Petrobras y Odebrecht. Esto provocó pérdidas de contratos internacionales y sanciones, minando la confianza de inversionistas extranjeros. (ver)

• Tensiones geopolíticas y comerciales. Conflictos entre potencias, sanciones internacionales, guerras comerciales o disputas diplomáticas pueden alterar cadenas de suministro, encarecer insumos o cerrar mercados de la noche a la mañana.

Ejemplo de ello es la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde aranceles y restricciones de inversión de carácter político elevan el riesgo para las operaciones globales.

En menos de una década, la percepción del riesgo político ha cambiado de forma notable.

“En 2018, el riesgo político preocupaba mayormente a sectores muy expuestos en países riesgosos como Venezuela. Hoy, estas preocupaciones aplican a todos los sectores, implican un nivel de pérdida mucho más alto, y se centran incluso en políticas de Estados Unidos”, Sam Wilkin, director de análisis de riesgo político en Willis. (ver)

Mientras que, en 2024 la aseguradora Beazley señaló que el 30% de los líderes empresariales a nivel internacional identifican al riesgo político como la mayor amenaza para su negocio, superando a cualquier otro riesgo individual. (ver) Incluso en economías desarrolladas, la incertidumbre política ha crecido. El 65 % de los ejecutivos en Norteamérica temía que un año electoral, como 2024, afectara su capacidad para operar a escala global.

El riesgo político pasó de ser un tema de nicho, limitado a industrias extractivas o mercados emergentes inestables, a ser un riesgo transversal que ocupa a empresas de todos los giros y regiones. Sin embargo, este desplazamiento no significa que los demás riesgos hayan desaparecido, sino que el entorno político inmediato impone urgencias que relegan otras preocupaciones.

El cúmulo de acontecimientos geopolíticos recientes ha requerido respuestas más inmediatas. En regiones como Latinoamérica, la volatilidad política crónica genera incertidumbre constante.

La estabilidad política, la previsibilidad regulatoria y la paz social son ahora condiciones esenciales para el éxito empresarial. Sin ellas, los proyectos se retrasan, las inversiones se encarecen o se cancelan, y las empresas adoptan estrategias defensivas. Por ello, integrar el análisis político en el núcleo de la planeación estratégica ya no es opción, si no una necesidad. Esto implica monitorear de forma constante las tendencias electorales, las políticas gubernamentales y las tensiones internacionales, y preparar planes de contingencia para escenarios de alta inestabilidad.
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La capacidad de anticipar y gestionar el riesgo político será una de las competencias más determinantes para la continuidad y el crecimiento de las empresas.