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El 30 de agosto de 2026 un coche cargado con explosivos estalló frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas. Hubo 11 lesionados y se canceló la feria regional. Fue el tercer ataque con explosivos contra policías en cuatro días y el sexto del año en la franja limítrofe con Aguascalientes, donde los tres coches bomba de 2026 estallaron sobre la carretera 45/45D. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la carga fue de unos 200 kilogramos de explosivo industrial y atribuyó el ataque a la disputa entre el CJNG y una facción del Cártel de Sinaloa por rutas de trasiego. La Fiscalía de Zacatecas ubica la red investigada entre Zacatecas, Aguascalientes y parte de Jalisco. Al 9 de noviembre, las fuentes abiertas no registraban nuevos ataques con explosivos en la franja. Contexto estratégico Los ataques se concentran en municipios-cruce y carreteras federales, donde los grupos buscan forzar el repliegue policial y mantener despejadas las rutas de trasiego. Esa geografía es también la del comercio legal. La 45/45D enlaza el clúster automotriz y manufacturero de Aguascalientes con la minería y la agroindustria de Zacatecas y con el noreste del país, sin una alternativa de alta capacidad salvo el ferrocarril. La métrica oficial no capta este riesgo. Según el SESNSP, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Zacatecas cayó 85% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, mientras los incidentes con explosivos pasaron de uno en 2024 a diez en 2026, y la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los ataques como aislados. La percepción tampoco lo refleja del lado hidrocálido. En septiembre, 35.5% de los habitantes de la ciudad de Aguascalientes consideraba inseguro vivir ahí, menos de la mitad que en Zacatecas–Guadalupe (77.3%), aunque el estado tuvo en 2023 la segunda tasa de victimización empresarial más alta del país. Exposición y canales de impacto La policía municipal es el eslabón más expuesto, y cuando se repliega, el vacío tiende a ocuparlo el grupo delictivo. Las empresas no han sido el blanco, pero el impacto les llega por cuatro vías. La primera es logística, porque los cercos y retenes tras cada ataque alargan los tiempos de tránsito y entrega. La segunda es el daño colateral a personal, flotas y almacenes cercanos a instalaciones policiales. La tercera es de cumplimiento. La designación del CJNG y del Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos expone a las empresas con nexo con ese país a acusaciones de apoyo material, que incluye pagos de extorsión y el uso forzado de flotillas o bodegas. La cuarta es la extorsión, cuyas víctimas registradas en Zacatecas pasaron de 35 a 228 entre los primeros semestres de 2025 y 2026. La minería tiene una exposición propia. El explosivo industrial solo circula con permiso de la SEDENA, por lo que su uso en ataques implica desvío, robo o compra ilegal. Ninguna autoridad lo ha vinculado con una mina, y pudo provenir de la construcción o del contrabando, pero el desvío minero ya se documentó en Chihuahua. Zacatecas, primer productor de plata del país, concentra polvorines y contratistas de voladura, y es probable que la SEDENA endurezca la fiscalización, con más costos de cumplimiento para los operadores legales. Los amortiguadores son débiles. La racha de agosto ocurrió con más de 500 elementos federales ya desplegados, y la coordinación entre Zacatecas y Aguascalientes contiene las consecuencias de cada ataque sin prevenir el siguiente. Perspectiva estratégica A mediano plazo, el escenario base es la continuación intermitente de ataques contra autoridades en la franja, como represalia tras operativos, con un despliegue federal sostenido mientras conserve prioridad política. Las empresas absorberían disrupción episódica y riesgo de coincidencia, y la pausa posterior al 30 de agosto cabe en este escenario. El escenario alterno es la consolidación de un solo grupo, con menos ataques y una extorsión ordenada y normalizada, más riesgosa para las empresas. Si los ataques siguen dirigidos a la policía y confinados a la franja, como hasta ahora, el riesgo es táctico y se administra con protocolos de tránsito, horarios y estacionamiento. Si alcanzan blancos civiles, el territorio de Aguascalientes o carreteras con tráfico civil, el deterioro sería estructural y obligaría a revisar la presencia en la zona y los contratos con transportistas y proveedores. Mientras dure la pausa, la extorsión es el indicador clave, porque menos ataques con más cobro de piso apuntarían a la consolidación. Referencias
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